La defensora del Pueblo porteño, María Rosa Muiños, se presentó como amicus curiae en la causa abierta por el Gobierno de CABA contra la organización Basta de Demoler, por daños y perjuicios, tras el freno, a través de un amparo, de la construcción de una estación de subte que iba a afectar una plaza del barrio de Recoleta.
La decisión de Muiño «se fundamenta en la necesidad de defender el derecho al acceso a la justicia de las personas que peticionan por un ambiente sano, equilibrado y el respeto de las normas urbanísticas», señaló la Defensoría en un comunicado.
«En 2012, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) comenzó la construcción de una nueva estación de la línea H del subterráneo en Plaza Alvear, en violación de las normativas urbanísticas y generando un daño irreparable al hábitat de dicha zona. Frente a este hecho, Basta de Demoler y Sonia Berjman iniciaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar que frenó la obra», agregó el organismo.
Sí bien la causa, por una contingencia procesal, no prosperó; el Gobierno porteño «modificó el proyecto original -en un reconocimiento implícito de que las obras en la Plaza Alvear eran irregulares y dañaban el ambiente- y definió construir la estación donde actualmente se encuentra la terminal Facultad de Derecho. Sin embargo, después de haber finalizado la obra, junto con SBASE, presentaron una demanda contra la Asociación y Brejer donde reclamaban daños por un monto de más de 23 millones de pesos», agrega el comunicado de la Defensoría del Pueblo porteño.
Tal como figura en el escrito presentado por la Defensoría ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 (CAYT N°6), “en el caso analizado, surge claramente que la pretensión del GCBA y de la empresa SBASE de reclamar los daños ocasionados por el ejercicio legítimo de un derecho -como es el de acceso a la justicia para tutelar un bien jurídico colectivo- resulta una forma encubierta de imponer un costo a la acción de amparo con el único objeto de desalentar la participación de la ciudadanía en la protección de los bienes culturales de la Ciudad de Buenos Aires”, sostiene el comunicado.
«En este sentido, se argumenta que el principio de gratuidad sobre la intervención de la Asociación Basta de Demoler se encuentra protegido por la normativa vigente y que el reclamo por un hipotético daño de los ampartistas debió haberse realizado al momento de ser presentada la medida cautelar», abunda.
«Por ello, el documento firmado por Muiños indica que se trata de una medida ‘extemporánea, abusiva y de carácter intimidatorio’ que busca contradecir por la vía judicial los postulados centrales de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, concluye la Defensoría.
El proyecto del Gobierno porteño contemplaba trabajos en la Plaza Intendente Torcuato de Alvear, diseñada por el paisajista Carlos Tahys en 1897, e incluía el retiro de árboles y movimiento de la tierra.
Según su sitio oficial, Basta de Demoler nació en 2007 como una asociación que trabaja por «la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción».
«Está formada por un grupo de vecinos preocupados por la creciente destrucción del patrimonio y tiene como objeto de defender el patrimonio urbanístico», agrega la página web de la ong.
